La Guardia Civil incluyó lesiones antiguas y ocultó datos

Acusación particular y fiscalía obligados a rebajar las penas para los ‘8 de Yesa’

El médico forense y el perito de parte cuestionan, con sólidos argumentos, los partes de lesiones de los agentes de la Guardia Civil. Por ello, Fiscalía y Acusación particular se ven obligados a rebajar sus peticiones de penas, lo que implica el no ingreso en prisión para los ‘8 de Yesa’. Por su parte, la defensa solicita la libre absolución

SERGIO GRACIA SOLANAS, IKER GONZÁLEZ IZAGIRRE y CHORCHE TRICAS LAMANA | 1 de junio de 2016 18.06 para AraInfo

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Este miércoles 1 de junio, se ha celebrado la segunda sesión de la vista oral contra los 8 de Yesa que ha quedado vista para sentencia. Durante el juicio han declarado los 18 agentes de la Guardia Civil, el médico forense y el perito de la defensa. La intervención de estos dos últimos ha resultado clave para que tanto el ministerio fiscal como la acusación particular se vieran obligados a modificar sus peticiones contra los ‘8 de Yesa’. La rebaja de las penas hasta los dos años de prisión como máximo, implica que los acusados no tendrán que cumplir penas de cárcel.

Los ‘8 de Yesa’ evitarán la cárcel tras desmontar el forense la base de la acusación

Las declaraciones del médico forense y del perito de la defensa han provocado un cambio sustancial en el devenir del juicio. Hasta 8 de los 11 partes de lesiones que habían presentado como prueba la fiscalía y la acusación particular, han sido desmontados uno por uno. La falta de información con la que contaba el médico forense a la hora de hacer sus valoraciones en relación a las lesiones sufridas por los agentes, han servido para echar abajo 8 de las 11 peticiones de indemnización que los agentes solicitaban.

El antiguo director del Instituto Anatómico Forense, doctor Cobo, ha reconocido la complejidad médica del caso debido a la existencia “de una serie de elementos que cuando ves a los pacientes como médico forense, los ves con unos datos y posteriormente pueden aparecer muchos otros datos que pueden hacer variar los informes”. Y continuaba, “existen datos a los que no he tenido acceso y que pueden ser relevantes”. Además el doctor Gago, médico especialista en valoración de daño y perito de parte, ha corroborado las afirmaciones realizadas por el médico forense.

De esta forma, se han revisado uno por uno los informes presentados por la oficialía médica de la guardia civil con el objeto de precisar las lesiones producidas a los agentes, y por las que se pedían indemnizaciones. El caso concreto del agente que presuntamente fue agredido por los acusados, ha sufrido una sustancial variación en las conclusiones médicas. El doctor Cobo ha aportado el informe de la intervención quirúrgica por la que fue intervenido el agente, rotura parcial del ligamento cruzado anterior íntegro, y que le entregó la capitanía médica de la guardia civil.

“Cuando se describe la intervención realizada, en el informe pone ligamento cruzado anterior íntegro y una resección de ganglión en la zona anterior del cruzado, eso significa que no es traumático”, apuntaba el doctor Cobo. Esto quiere decir que la lesión por la que fue intervenido el agente no fue producto de un traumatismo, sino que se trata de una lesión crónica degenerativa previa. En el caso de que dicha lesión hubiera sido producto de una contusión no hubiera sido necesaria una intervención quirúrgica.

Asimismo, el tiempo de baja se habría reducido de los 204 días a los 60 días. “Hemos partido de unos informes médicos y un diagnóstico en el que se dice una cosa y luego es totalmente la contraria”, afirmaba el doctor Cobo. Incluso en un momento de la declaración, el médico forense se ha visto obligado a decir que “sentía gran vergüenza personal por no haber tenido acceso a toda la información”, haciendo referencia a una presunta ocultación de datos.

Aparte de este caso que era por el que se solicitaban las mayores penas, hasta seis años de cárcel, siete informes más han sido desmontados por el perito de la defensa y el médico forense con argumentos irrebatibles. De esta forma, tanto la acusación particular como a la fiscalía se han visto obligados a reducir las peticiones de cárcel y los 22.000 euros en indemnizaciones, y establecer diferentes multas por los delitos de lesiones y faltas.

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“Cómo pretende que lo hagamos, ¿tirando flores?”

El primero de los agentes de la guardia civil en declarar ha sido el mando de la GRS. A pregunta de la defensa sobre cómo se realizan las acciones de intervención frente a una manifestación de estas características, el agente ha respondido que “si quiere abrir un hueco en una masa, cómo pretende que lo hagamos, ¿tirando flores?”, dejando bien a las claras que la violencia está contemplada frente a una resistencia pasiva.

Ante la acusación por parte de la defensa sobre los golpes efectuados por los agentes de la guardia civil, el mando de la Unidad Antidisturbios ha señalado que “golpes en la cabeza no se deben de dar pero…”. Cabe señalar, que detrás de estas órdenes se encuentra, parece ser, la decisión tomada desde la Delegación del gobierno de estado español en Aragón en una reunión mantenida un día antes. Además, la Comandancia de Seguridad Ciudadana es la que se encarga de planificar las actuaciones de las GRS. “Sólo me dijeron lo que había, lo que había que conseguir y cómo lo querían conseguir”, ha indicado el mando.

Más tarde, le ha llegado el turno al teniente alcalde de Artieda, Alfredo Solano, que ha sido llamado a testificar por parte de la defensa de los acusados. Visiblemente emocionado, Solano ha explicado que al ver la desproporcionalidad con la que la guardia civil cargó, y al oír que la persona encargada de dirigir la operación mandaba cargar al segundo pelotón, exclamó “te has vuelto loco o qué, haz el favor de parar esto”.

El teniente alcalde también ha aseverado, “vi que aquello era brutal, las porras pegando a la gente y sus propios compañeros de la guardia civil empujando con los escudos a los agentes de la primera línea, e incluso les pegaban con sus porras”. Para más inri, únicamente con la firma del alcalde en el acta de expropiación que los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Ebro llevaban consigo, se hubiera evitado la carga de la guardia civil, como ya había ocurrido en otras ocasiones.

Por su parte, la defensa de los acusados en su alegato final ha hecho alusión a la falta de credibilidad de los agentes de la guardia civil y a la “picaresca” formulada en los partes de lesiones. Así pues, de esta manera ha concluido el juicio que ha quedado visto para sentencia.

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Vecinos, familiares y amigos apoyando a los ‘8 de Yesa’ a las puestas del juzgado

‘Los 8 de Yesa’ eluden la cárcel tras probar que los guardias civiles ocultaron datos

  • La Fiscalía y los propios agentes reducen sus peticiones de condena a dos años de prisión tras desvelar un perito que muchas de las lesiones que atribuían a la protesta contra el pantano eran anteriores al incidente y que habían ocultado otras posteriores

01/06/2016 – EDUARDO BAYONA para Diario Público más fotos de AraInfo.org
@e_bayona

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ZARAGOZA .- Las acusaciones contra Los 8 de Yesa menguan. Y lo hacen después de haber zozobrado al probar en la segunda sesión del juicio el forense Juan Antonio Cobo y el perito de la defensa Abel Gago que la mayoría de las lesiones por las que los guardias civiles piden cárcel para los acusados por la protesta contra el pantano del Pirineo eran anteriores a los incidentes (varias eran enfermedades óseas crónicas) y que algunos de ellos ocultaron al Instituto de Medicina Legal (IML) accidentes posteriores que les causaron daños.

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El fiscal Manuel Torralba y la acusación que ejerce el letrado Mariano Tafalla en nombre de los agentes redujeron por ese motivo las peticiones de condena (solicitaban penas de hasta seis años y medio de prisión) hasta los 24 meses de cárcel por el delito de atentado que imputan a los ocho acusados, pasaron a solicitar multas en lugar de encarcelamientos por las supuestas lesiones y que, en el caso de los guardias, retiraron el cargo de desórdenes públicos.

Eso supone que, incluso en caso de condena y siempre tras el pago de las eventuales indemnizaciones, los ocho acusados eludirán el ingreso en prisión, ya que ninguno de ellos tiene antecedentes y no puede serle impuesta una pena superior a los dos años de cárcel. Las peticiones de resarcimiento se mantienen en el entorno de los 22.000 euros.
Las defensas, a cargo de los abogados José Luis Lafarga y Gema Garreta, pidieron la absolución. “Si hubo alguna agresión, fue reactiva, pero no cumple los requisitos para que pueda ser considerada como delito. Aquí nadie tuvo actitud de atacar”, señaló Garreta, para quien “la carga fue absolutamente ilegal. Requería que la orden fuera legítima, y no lo era”.

Los hechos del 10 de octubre de 2012

Los incidentes se produjeron el 10 de octubre de 2012, cuando un pelotón de los Grupos Rurales de Seguridad (GRS) de la Guardia Civil cargó contra un grupo de algo más de un centenar de vecinos de Artieda, y de activistas ambientales y sociales que se desplazaron hasta el pueblo del Pirineo para apoyarles, que se concentró en la carretera de acceso al pueblo para protestar por las expropiaciones para recrecer el polémico pantano que iba a llevar a cabo la CHE (Confederación Hidrográfica del Ebro).

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Carga de la Guardia Civil contra los congregados en Artieda el 10 de octubre de 2012

La pérdida de credibilidad de varios agentes

Antes de la demoledora intervención del forense y el perito médico, el primero de los cuales declaró que varios de los agentes habían “perdido la credibilidad” tras constatar que habían ocultado datos, pasaron por la sala estos y sus mandos. Incurrieron en contradicciones en aspectos como la formación que habían desplegado en la carga, acerca de quién sacó de la refriega a un guardia que había perdido el casco y el escudo y, también, sobre la actitud del grupo, agresivo para la mayoría mientras un guardia describía “una manifestación pacífica, pero como no se despejan tuvimos que usar los medios que teníamos”.

Aunque también mostraron patrones comunes, como ratificar las identificaciones de las personas a las que imputan sus lesiones -ocho de los más de cien integrantes del grupo que cortó la carretera- al mismo tiempo que les resultaba imposible determinar delante de qué otros manifestantes habían estado esa mañana.

En la vista, no obstante, quedaron algunas lagunas. La principal: ¿quién dio la orden de cargar? El capitán de la Guardia Civil de Ejea explicó que entre su llamada a la comandancia de Zaragoza para informar de que las personas que participaban en la protesta rechazaban disolverse y el primer aviso de los antidisturbios al grupo pasaron “menos de cinco minutos”. El jefe de los GRS no lo aclaró: “la superioridad decide, supongo que consultarían con la Delegación del Gobierno”.

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“Esperábamos que hubiera un diálogo, pero no hubo opción”

Ambos coincidieron, no obstante, en otra apreciación. “Posiblemente” la intervención no hubiera tenido lugar si hubieran localizado al alcalde, admitió el GRS. “¿Aquello se podría haber evitado de otra manera, sin usar la fuerza?”, preguntó Garreta al capitán. “Así es”, respondió. La cuestión es que el alcalde, Javier Giménez, estaba allí. “Estaba esperando a los funcionarios en la entrada de las parcelas, como me obliga la ley”, explicó. Pero nadie se dirigió a él hasta que cesó la carga, que soportó junto con sus vecinos y los activistas, ya que se integró en el grupo cuando vió que comenzaba.

Ni él, ni su teniente de alcalde, Alfredo Solano, ni su antecesor y sucesor, Luis Solana, daban crédito a sus ojos. “Esperábamos que hubiera un diálogo, pero no hubo opción. Se abalanzaron sobre nosotros”, declaró el primero. “Nunca pensé que fueran a cargar, creía que iban a dialogar”, anotó el segundo.

Tras la carga, el alcalde firmó un acta genérica de ocupación de terrenos con los funcionarios de la CHE, organismo al que una semana antes una delegación de los vecinos había adelantado que los propietarios de los terrenos que iban a expropiar no iban a firmar los documentos particulares. Tal y como había sucedido en otras ocasiones. La última, veinte días antes. No firmar ese trámite no afecta al proceso expropiatorio.

“A ver, niños: si hay que dar algún porrazo, se da”

El jefe de los GRS, por su parte, sostuvo que la actuación de sus hombres no constituyó ningún exceso. Aunque su forma de exponerlo no fue del todo ortodoxa. “¿Cómo quiere que abramos un hueco en una masa? ¿Tirando flores?”, preguntó a las defensas poco antes de anotar que en las cargas “todo está permitido, hay que tener cuidado con los órganos vitales”.

“Si está grabado es que lo diría”, admitió, cuando la letrada le leyó la transcripción de una parte de la filmación que ese día hizo la propia Guardia Civil: “A ver, niños: empujones, los que haya que dar; y si hay que dar algún puntazo [golpe de porra], se da”.

Para el fiscal, “la fuerza que ejerce la Guardia Civil es legítima” en este incidente porque las personas que protestaban “no la obedecen y se enfrenta a ella a golpes”. “Los ocho acusados fueron identificados” por los agentes, añadió, “obrando de consuno”.

 

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